Promesa de campaña “No más pitutos” bajo tensión: nombramientos cuestionados y más de 90 mil nuevos funcionarios contratados durante el gobierno de Gabriel Boric

Durante la campaña presidencial de 2021, Gabriel Boric instaló como uno de los pilares de su discurso la necesidad de terminar con los “pitutos” en el Estado. En debates televisivos y entrevistas afirmó que su administración no recurriría a operadores políticos ni a designaciones basadas en cercanía personal, sino en criterios de mérito, idoneidad y profesionalización del servicio público. La frase “no más pitutos” se convirtió en una de sus promesas más reconocibles.

Una vez iniciado el gobierno, varios nombramientos generaron debate público por la falta de experiencia previa de los designados en áreas consideradas altamente técnicas o estratégicas. El caso más emblemático fue el de Marcela Ríos, socióloga y doctora en Ciencia Política, quien asumió como ministra de Justicia sin ser abogada. La prensa destacó que la cartera históricamente ha sido dirigida por juristas, dado que supervisa notarías, conservadores, Gendarmería, el Registro Civil y la relación con el Poder Judicial. Su falta de formación jurídica fue señalada como contradictoria con la promesa de profesionalizar los nombramientos.

Otro caso ampliamente discutido fue el de Izkia Siches, médica y expresidenta del Colegio Médico, quien asumió como ministra del Interior sin experiencia en seguridad pública, orden público, inteligencia ni gestión estatal. Interior es considerado el ministerio político más complejo del país, y su nombramiento fue interpretado por sectores de la prensa como un ejemplo de designación sin idoneidad técnica suficiente.

En el ámbito diplomático, los nombramientos de Javier Velasco como embajador en España y Sebastián Depolo como embajador en Brasil también fueron cuestionados. Ambos carecían de experiencia diplomática o trayectoria en relaciones internacionales, pese a ser enviados a destinos estratégicos. Velasco, abogado y militante de Convergencia Social, fue descrito como parte del círculo cercano del Presidente, mientras que Depolo, sociólogo y dirigente de Revolución Democrática, fue señalado como un nombramiento político más que técnico.

En el área energética, el ministro Diego Pardow, abogado y académico, fue criticado por no contar con experiencia directa en el sector energético, un ámbito altamente especializado. De manera similar, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, fue cuestionada por su falta de experiencia en seguridad y administración territorial, pese a liderar la delegación más compleja del país.

A este debate se sumó el crecimiento del empleo público durante la administración. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y reportes de La Tercera y DF, el Estado incorporó más de 90 mil nuevos funcionarios entre 2022 y 2024, convirtiéndose en uno de los mayores incrementos de personal en décadas. Aunque parte de este aumento se explica por expansión de programas sociales, refuerzo en salud postpandemia y contrataciones municipales, el volumen total reactivó cuestionamientos sobre criterios de ingreso, concursos públicos y coherencia con la promesa de reducir discrecionalidad en los nombramientos.

Estos elementos han sido citados como ejemplos de tensión entre la promesa de campaña de Boric —centrada en eliminar los “pitutos” y profesionalizar el Estado— y la realidad de algunos nombramientos y contrataciones que, si bien no constituyen ilegalidades, sí han sido cuestionados por criterios de idoneidad, experiencia y coherencia con el discurso de probidad.