El tráfico de influencias es un delito funcionario regulado en el artículo 240 bis del Código Penal, que sanciona a quien invoca, ejerce o abusa de su influencia real o supuesta sobre un funcionario público para obtener que éste dicte, omita o modifique una resolución, acto o decisión administrativa a cambio de un beneficio económico o ventaja indebida.
En términos jurídicos, el delito se configura cuando concurren los siguientes elementos:
1.- Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, funcionario o particular, que afirma tener influencia —real o ficticia— sobre un funcionario público.
2.- Conducta típica: Invocar influencia (real o inventada).
3.- Ejercer influencia efectiva sobre un funcionario.
4.- Ofrecer o recibir dinero, beneficios o ventajas para obtener una decisión administrativa o resolución favorable.
5.- Finalidad: Alterar el ejercicio regular de la función pública mediante presiones, gestiones indebidas o promesas de intervención.
6.- Resultado: No se exige que la decisión administrativa se concrete; basta con la solicitud, aceptación o promesa de ejercer influencia.
Trafico de Influencias
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