Joaquín Lavín Jr. es investigado y formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso irregular de asignaciones parlamentarias

La situación judicial del exdiputado Joaquín Lavín León, conocido como Joaquín Lavín Jr., escaló luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizara por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado. La investigación se originó tras antecedentes que apuntan al uso irregular de asignaciones parlamentarias durante sus períodos como diputado entre 2015 y 2022, mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas y la contratación de asesores que no habrían prestado servicios efectivos.

Según el Ministerio Público, Lavín Jr. habría utilizado recursos públicos destinados a labores legislativas para financiar actividades ajenas a su función parlamentaria, generando un perjuicio fiscal estimado en $220.350.032. La Fiscalía presentó documentos contables, correos electrónicos, contratos y declaraciones de testigos que, según su tesis, demostrarían un esquema sistemático para justificar gastos inexistentes o inflados.

La causa también se vincula con la investigación por corrupción municipal que afecta a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. De acuerdo con la querella presentada por la Municipalidad de Maipú, parte del equipo parlamentario de Lavín Jr. habría realizado labores relacionadas con la gestión municipal, lo que podría constituir desvío de recursos públicos. La Fiscalía sostiene que ambas investigaciones comparten elementos operativos y vínculos personales relevantes.

Durante las audiencias de formalización, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa del exdiputado calificó la causa como “infundada” y aseguró que demostrará su inocencia. El tribunal dejó la medida cautelar en desarrollo mientras continúa la revisión de antecedentes.

El caso se ha transformado en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al uso irregular de asignaciones parlamentarias en los últimos años, con impacto político debido a la trayectoria familiar del exdiputado y la magnitud de los montos involucrados.