La fundación recibió más de $5.800 millones en convenios desde 2019, muchos de ellos asignados de manera directa y con fiscalización deficiente. Informes parlamentarios y del Ministerio Público describen un posible “modus operandi” que incluye sobreprecios, tercerización a empresas vinculadas y debilidades estructurales en los controles estatales.
Fecha del caso
1 de mayo de 2026
Monto involucrado
CLP $1.000.000.000
Partidos políticos involucrados
Información adicional
Estado del caso
Juicio en tramitación
Tipo de afectación
Perjuicio al Fisco
Resumen
Fotografías del caso

Fundación ProCultura: investigaciones revelan irregularidades en convenios y uso de fondos públicos en ocho regiones del país
Contenido completo
La Fundación ProCultura se transformó en uno de los casos más emblemáticos sobre uso irregular de fondos públicos, luego de que investigaciones del Ministerio Público, Contraloría y comisiones parlamentarias revelaran un patrón de convenios cuestionados en al menos ocho regiones del país.
Según antecedentes expuestos ante tribunales y en informes legislativos, la fundación recibió más de $5.866 millones en convenios desde 2019, muchos de ellos adjudicados de manera directa, pagados por adelantado y sin garantías suficientes.
Las indagatorias detectaron sobreprecios, gastos sin respaldo, tercerización a empresas vinculadas, conflictos de interés y una estructura organizacional que dificultaba rastrear el uso final de los recursos.
En junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un informe que describió un posible modus operandi sistemático, caracterizado por asignaciones directas, supervisión insuficiente y vínculos entre funcionarios públicos y la fundación. El documento concluyó que los convenios no eran hechos aislados, sino parte de una práctica reiterada en distintas instituciones.
Las investigaciones penales continúan, con diligencias orientadas a determinar si existió fraude al fisco, lavado de activos u otros delitos funcionarios. No existe, a la fecha, una resolución judicial definitiva.
Elementos relevantes del caso
Más de $5.800 millones en convenios observados.
Asignaciones directas y pagos adelantados sin garantías.
Sobreprecios y gastos irregulares.
Tercerización a empresas vinculadas.
Debilidades estructurales en fiscalización estatal.
Investigación penal por posibles delitos funcionarios.
Fuentes
- •Emol
- •Bio-Bio
- •La Tercera
- •Fiscalía
- •El Mostrador
- •Contraloría