Fundación Democracia Viva: los convenios del Minvu Antofagasta que detonaron el “Caso Fundaciones”

La Fundación Democracia Vivase convirtió en el epicentro del llamado“Caso Convenios”o“Caso Fundaciones”, luego de que se conociera que laSeremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagastasuscribió tres convenios por un total de$426 millonespara intervenciones en campamentos de la región. La fundación era presidida porDaniel Andrade, militante deRevolución Democrática (RD)y entonces pareja de la diputadaCatalina Pérez (RD), lo que añadió un componente político y de conflicto de interés al caso.

Según información oficial delMinisterio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los convenios se firmaron en 2022 para proyectos dehabitabilidad primariay diagnósticos socio territoriales en campamentos de Antofagasta. Posteriormente, la propia cartera puso término anticipado a los contratos y ordenó a la fundaciónrestituir $391.768.516de los$426 millonestransferidos, es decir, cerca del92% de los recursos, al estimar que solo un 8% había sido correctamente ejecutado y rendido.

El caso se hizo público en junio de 2023, cuando se conoció el vínculo entre la fundación, el Seremi de Vivienda de AntofagastaCarlos Contrerasy la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria ofició a laContraloría General de la Repúblicapara que revisara los convenios y negó haber tenido participación en su tramitación, mientras que el Seremi presentó su renuncia en medio de la controversia. Paralelamente, el partidoConvergencia Social, colectividad del Presidente Gabriel Boric, calificó la situación como un “grave error político” y pidió medidas disciplinarias en RD.

La Contraloría instruyó al Minvu a detallar la entrega de recursos a Democracia Viva y a otras fundaciones en Antofagasta, mientras que el ministerio remitió antecedentes alConsejo de Defensa del Estado (CDE)y alMinisterio Público, abriéndose investigaciones administrativas y penales para determinar si hubofraude al fisco, malversación de caudales públicos u otros delitos funcionarios, además de eventuales responsabilidades administrativas.

En informes posteriores, la Seremi de Vivienda de Antofagasta detalló incumplimientos en el uso de los recursos: altos porcentajes destinados a gastos operacionales y recursos humanos en desmedro de las obras comprometidas, rendiciones de cuentas atrasadas o no aprobadas y falta de informes exigidos. Estos antecedentes fueron parte de la justificación para terminar los convenios y exigir la restitución de la mayor parte de los fondos.

Hasta la fecha, el caso Democracia Viva se mantiene comocaso emblemático del uso de convenios entre el Estado y fundaciones sin fines de lucro, y dio origen a una revisión nacional de todos los convenios del Minvu con organizaciones similares, así como a propuestas de reforma para endurecer controles, transparencia y criterios de asignación de recursos públicos.