El intento del gobierno de Gabriel Boric de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende terminó convertido en una de las polémicas más complejas de su administración. La operación —avaluada entre $933 millones y 24.291 UF— involucró a familiares directos del exmandatario, incluyó un mecanismo presupuestario inusual y derivó en acusaciones de conflicto de interés que afectaron a la ministra de Defensa, Maya Fernández. La Cámara de Diputados calificó el proceso como una “grave improvisación institucional”, mientras que el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inhabilidad contra la ministra. La compra finalmente fue anulada.
Nueva publicaciónConflicto de intereses
Fecha del caso
8 de mayo de 2026
Partidos políticos involucrados
Frente AmplioPartido Socialista
Resumen
Fotografías del caso
Fallida compra de la casa de Salvador Allende: errores graves, conflictos de interés y cuestionamientos al gobierno de Boric
Contenido completo
El gobierno del Presidente Gabriel Boric impulsó en 2024 la compra de la casa ubicada en Guardia Vieja 392, residencia histórica del expresidente Salvador Allende. El objetivo declarado era convertirla en una casa museo presidencial, pero el proceso terminó envuelto en cuestionamientos políticos, jurídicos y éticos.
Según reveló Tele13, el contrato de compraventa fue firmado el 30 de diciembre de 2024 por un monto de 24.291,72 UF, mientras que CNN Chile informó que el Ministerio de Bienes Nacionales había acordado previamente un precio de $933 millones. La operación se detuvo cuando se confirmó que una de las copropietarias del inmueble era Maya Fernández, ministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, lo que contraviene la prohibición legal de que ministros celebren contratos con el Estado por montos superiores a 200 UTM.
Una investigación de CIPER Chile reveló además que la familia Allende —representada por el abogado Felipe Vio, pareja de Marcia Tambutti Allende— propuso que, tras la compra, la casa fuera entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende, presidida por Tambutti. Este mecanismo habría permitido que la familia mantuviera control operativo del inmueble pese a venderlo al Estado, lo que fue calificado como un diseño institucional inusual y riesgoso.
La Cámara de Diputados, mediante un informe aprobado en marzo de 2026, concluyó que el proceso estuvo marcado por “desprolijidades técnicas y jurídicas”, una “grave improvisación institucional” y una “opacidad evidente” en la toma de decisiones. El informe cuestionó además la “ingeniería presupuestaria” utilizada: los fondos originalmente asignados al Ministerio de las Culturas fueron trasladados a Bienes Nacionales mediante una instrucción presidencial interna, sin un procedimiento formal claro.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, rechazó un requerimiento de inhabilidad contra la ministra Fernández, señalando que el recurso no cumplía los requisitos legales.
Finalmente, el gobierno desistió de la compra, reconociendo que la estructura de copropiedad hacía inviable la operación
Fuentes
- •CNN Chile
- •Ciper
- •Canal 13
- •El Mostrador