Contraloría confirma gestiones indebidas y ordena sumario por eventual trato preferente a madre de la ministra Aguilera

El caso de la atención otorgada a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital del Salvador sumó nuevos antecedentes tras la publicación del informe final de la Contraloría General de la República, que confirmó la existencia de gestiones anticipadas, coordinaciones internas impropias y tiempos de atención privilegiados que no se ajustaron a los protocolos clínicos habituales.

El episodio se originó el 23 de diciembre de 2025, cuando la madre de la ministra ingresó al recinto asistencial con una fractura de cadera. Según el informe de 32 páginas del organismo fiscalizador, el jefe de asesores de la ministra, Manuel Nájera De Ferrari, realizó gestiones previas al ingreso de la paciente. A las 10:00 horas, contactó a directivos del hospital para informar la llegada de la madre de la autoridad, y a las 14:30 horas se presentó personalmente en el establecimiento para coordinar su atención. Estas acciones, concluyó Contraloría, podrían constituir un uso indebido de influencia, vulnerando el principio de probidad administrativa.

El informe detalla que estas comunicaciones activaron una cadena de coordinaciones internas entre la dirección subrogante, la jefatura de la Unidad de Emergencia y personal clínico, generando un circuito de atención acelerado. La paciente fue evaluada, estabilizada y derivada a pabellón en menos de seis horas, un tiempo significativamente menor al registrado para otros pacientes con diagnósticos similares. Contraloría comparó estos tiempos con casos equivalentes, constatando que otros pacientes esperaron entre 40 y 123 horas para acceder a una cama básica o a una intervención quirúrgica.

El organismo determinó que no existían fundamentos clínicos suficientes para justificar esta priorización, señalando que la fractura de cadera, si bien requiere intervención, no constituía una urgencia vital que ameritara alterar el orden de atención. Además, el informe detectó irregularidades en la ficha clínica, la cual fue modificada al día siguiente utilizando las credenciales de una funcionaria que no se encontraba presente en el hospital al momento del registro. La modificación se realizó tras una “llamada de la jefatura”, lo que refuerza la hipótesis de intervenciones administrativas impropias.

La ministra Aguilera ha negado haber solicitado trato preferente y ha sostenido que solo pidió una silla para su hermana, quien acompañaba a su madre. Sin embargo, Contraloría concluyó que las gestiones de su jefe de asesores sí generaron un efecto concreto en la priorización de la atención, independientemente de la intención declarada por la autoridad.

El organismo ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades por eventuales infracciones a la probidad, alteración de protocolos clínicos, uso indebido de facultades administrativas y manipulación de registros médicos. El caso ha generado críticas desde diversos sectores políticos, que han cuestionado la transparencia y la igualdad de trato en el sistema público de salud.